A pesar de tener toda la información necesaria -y que hace semanas vienen analizando el tema- los concejales patearon para la semana que viene el tratamiento -en comisión- de la adjudicación (o el rechazo) a la empresa Turismo Irigoyen.

La definición sobre quién prestará el servicio de transporte público de pasajeros en Villa Gesell continúa demorándose y la incertidumbre crece tanto entre los usuarios como entre los trabajadores del sector.

Luego de que el Departamento Ejecutivo remitiera nuevamente al Concejo Deliberante la documentación vinculada a la licitación del servicio, los bloques opositores decidieron tomarse más tiempo para analizar el expediente antes de emitir una definición sobre la adjudicación. La decisión mantiene en suspenso el futuro de un servicio considerado esencial para cientos de vecinos que utilizan diariamente el transporte urbano.

El expediente llegó al Concejo luego de que la única oferta presentada en la licitación pública correspondiera a la empresa Turismo Irigoyen. Al tratarse de un único oferente, la legislación vigente establece que la adjudicación corresponde al cuerpo deliberativo. 

Desde la oposición sostienen que aún existen aspectos técnicos, administrativos y económicos que requieren una evaluación más profunda antes de avanzar con una decisión definitiva. Semanas atrás, los concejales devolvieron la documentación al Ejecutivo al considerar que faltaban informes e información complementaria necesaria para el análisis del proyecto. 

Mientras tanto, la situación del transporte continúa siendo motivo de preocupación. 

La demora en la definición también generó fuertes cuestionamientos por parte del intendente municipal, quien días atrás criticó duramente la falta de resolución del Concejo Deliberante. “De los concejales, ninguno toma el colectivo, entonces no tienen problema ni apuro y no toman decisiones”, afirmó Gustavo Barrera durante una entrevista, en la que además señaló que el cuerpo deliberativo “no tiene cojones para tomar decisiones”. 

Por su parte, desde los sectores opositores argumentan que la responsabilidad de los concejales es analizar en profundidad una concesión que podría extenderse por una década y que cualquier decisión debe tomarse con la mayor cantidad de información posible para garantizar la prestación del servicio y resguardar los intereses de los usuarios y de los trabajadores.

Por ahora, el expediente continúa bajo estudio y la resolución sigue abierta. Mientras la mayoria opositora se toma su tiempo, los vecinos continúan esperando una definición que permita despejar las dudas sobre el futuro del transporte público en la ciudad.