Fue a raiz de la intimación recibida por la DIEGEP. Desde ayer, lo alumnos, no tienen que someterse a ese artefacto para ingresar al establecimiento.

La decisión de retirar el detector de metales que había comenzado a utilizarse en el ingreso del Colegio General Don José de San Martín de Villa Gesell se produjo luego de la intervención de las autoridades educativas de la Provincia de Buenos Aires.

Según pudo saber MinutoG, quien notificó a las autoridades del establecimiento sobre la necesidad de retirar el dispositivo fue Elena Lamenza, inspectora regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), área que supervisa el funcionamiento de las instituciones educativas privadas.

La medida llega luego de una serie de cuestionamientos que se generaron desde la puesta en funcionamiento del sistema de control. El detector había comenzado a utilizarse el lunes 28 de septiembre como mecanismo de seguridad para controlar el ingreso de los estudiantes del nivel secundario.

La modalidad establecida por el colegio contemplaba que los alumnos dejaran sus pertenencias en una bandeja antes de atravesar el detector y luego las retiraran para continuar hacia el establecimiento. La institución había solicitado además a las familias que evitaran que los estudiantes llevaran elementos metálicos innecesarios para agilizar el procedimiento. 

Sin embargo, durante la primera jornada se registraron largas filas de estudiantes en el ingreso. La situación se vio agravada por la lluvia y las bajas temperaturas, ya que numerosos alumnos debieron permanecer durante un tiempo considerable a la intemperie mientras aguardaban su turno para ingresar. 

Aquella primera experiencia generó reclamos de familias y abrió una discusión que fue más allá de la organización del ingreso: comenzó a cuestionarse la implementación de un mecanismo de estas características dentro de una institución educativa y cuáles eran los fundamentos y autorizaciones necesarios para ponerlo en funcionamiento.

La normativa provincial establece que los establecimientos educativos de gestión privada dependientes de la DGCyE deben contar con acuerdos de convivencia aprobados por la autoridad correspondiente y que estos deben desarrollarse sobre principios como el respeto a la dignidad e intimidad de las personas y la participación de la comunidad educativa. 

De esta manera, el retiro del detector marca un nuevo capítulo de una polémica que comenzó con la decisión institucional de reforzar los controles de ingreso y que rápidamente derivó en cuestionamientos de familias, organizaciones de derechos humanos y, finalmente, en la intervención de las autoridades educativas.