El Equipo Argentino de Antropología Forense dio inicio a las tareas de excavación en el cementerio municipal de Villa Gesell con el propósito de averiguar si en sepulturas sin identificar se encuentran inhumadas al menos dieciocho personas que habrían sido víctimas de los denominados vuelos de la muerte durante el último régimen militar.
Esta medida judicial se concretó luego de que el juez federal Martín Bava dispusiera en el mes de marzo una orden de no innovar sobre las tumbas NN. La decisión se tomó a partir de los avisos brindados por ex empleados de la comuna, quienes señalaron la existencia de entierros clandestinos efectuados durante la noche por efectivos policiales, los cuales habrían colocado más de un cadáver por fosa.
Hasta el momento, el único caso esclarecido en la zona costera corresponde a Santiago Villanueva, un militante de la Juventud Universitaria Peronista que fue privado de su libertad en julio de 1978 y cuyo paso fue registrado en los centros clandestinos de detención El Banco y El Olimpo.
Sin embargo, los testimonios reunidos en la zona apuntan a una magnitud mayor. El extinto bombero Ernesto Manzo declaró ante la justicia federal de Dolores sobre el descubrimiento de seis cadáveres mutilados en las inmediaciones del muelle en diciembre de 1978, los cuales fueron acumulados en una dependencia policial. A esto se aúna la declaración de Marcela González, cuya madre había detectado en los primeros años de la década del ochenta la presencia de sepulturas que no figuraban en los asientos oficiales.
Con el apoyo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, los especialistas forenses llevan adelante estas labores científicas para devolver la identidad a quienes permanecen en el anonimato, en una investigación sobre hechos ocurridos hace más de cuarenta años.
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